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La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Chiapas, durante el mes de enero del presente año, obtuvo un total de cinco sentencias condenatorias, cuatro a través de procedimiento abreviado y una a través de juicio oral.
Además, se obtuvo la vinculación a proceso de 13 imputados en 11 asuntos, en su mayoría por portación y/o posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como contra la salud e hidrocarburo.
El Ministerio Público Federal logró la judicialización de 174 carpetas de investigación por delitos previstos en el Código Penal Federal, entre ellos delito contra la salud en su modalidad de transporte, posesión, tráfico y comercio, así como delitos cometidos por servidores públicos, delitos contra el ambiente, patrimoniales, contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Ley de Vías de Comunicación, Ley de Migración, delitos en materia de hidrocarburo, entre otros.
Durante este periodo se aseguraron 33 armas cortas y largas, 58 cargadores, dos mil 307 cartuchos, una granada; 665 kilos de explosivos; 576 kilos 627 gramos 600 miligramos de narcótico; cuatro mil 908 pesos y 19 mil litros 675 gramas 95 miligramos de hidrocarburo.
En acciones de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia Criminal de Investigación (AIC), se ejecutaron cuatro cateos en los que se aseguró un vehículo de los llamados monstruos y se cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión: tres canceladas por defunción y una por reclusión.
En cuanto a la Ventanilla Única de Atención (VUA) en la sede de #TuxtlaGutiérrez se brindó servicio a mil 100 personas y en la subsede de Tapachula de Córdova y Ordóñez se atendieron 351 y en #SanCristóbaldelasCasas a 373, lo que hizo un total de mil 824 personas atendidas durante el mes de enero.
A través de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) se obtuvo la cantidad de 667 mil 969 pesos 75 centavos de montos recuperados por reparación de daños y se han lograron siete acuerdos reparatorios, que han permitido solucionar de una manera ágil conflictos entre integrantes de la sociedad involucrada en un delito.