*Cambios en dependencias de seguridad
*Descuido obliga a disculpas públicas
Mary Jose Díaz Flores
Trabajadores del Centro Penitenciario No. 17 “El Bambú” del municipio de Playas de Catazajá, Chiapas, denunciaron abuso de poder, acoso laboral y maltrato del titular de este lugar; Juan Luis Pérez Ramírez, por lo que pidieron que en el marco del humanismo que promueve el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, ordene una revisión e investigación del desempeño de funcionarios que se sienten virreyes, que no respetan a la base trabajadora y los obligan a trabajar sin descanso, incluyendo los sábados y domingos.
En un documento enviado a Filo y Sofía, destacan que el funcionario les cambia horarios a su modo, no respeta los días de descanso, les niega las vacaciones a las que tienen derecho por ley; y los amenaza con cambios de adscripciones si se quejan de sus disposiciones arbitrarias, además de que no les permite el consumo de alimentos en largas jornadas laborales que en muchos casos pasan de 8 horas.
Las medidas de opresión a la base trabajadora las ejecuta en contubernio con Verónica Niño Navarro, encargada del Área Técnica del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No 17 “El Bambú”, donde ambos funcionarios no respetan la Ley Federal del Trabajo vigente y que en el artículo 132 fracción 6 impone la obligación de guardar a los trabajadores debida consideración absteniéndose de mal trato, de palabras o de obras, lo que se traduce en que el ambiente laboral debe estar libre de cualquier trato atentatorio contra la dignidad, integridad y seguridad de los trabajadores.
Asimismo violentan el artículo 61 que establece que la jornada de trabajo debe ser máximo de ocho horas y los artículos 76 y 78 que establece los días de vacaciones a los que tienen derecho los trabajadores, los artículos 74 y 76 que hablan de los días de descanso obligatorios y vacaciones pagadas, lo cual se lo pasan por el arco del triunfo y “nos obligan a laborar sin descanso, ni vacaciones”, aseguran los inconformes.
Los denunciantes señalan que ante la intención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar de fortalecer los lazos de unión familiar; plasmado en el decreto sobre Reducción de Horario Laboral para Trabajadores del Estado de Chiapas, emitida el 05 de Marzo de 2025, demandan que se obligue a los funcionarios de gobierno, cumplan con el decreto, cese el acoso laboral, el abuso de poder y el estrés laboral que propician frustración, apatía y pérdida de la emoción laboral causando ansiedad y problemas interpersonales con el mismo personal, por la presión laboral que ejercen los altos mandos de los centros penitenciarios.
“Pedimos los mecanismos necesarios para garantizar el acceso a la justicia y el recurso judicial efectivo a que refiere el artículo 17 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 10 de la Ley General de victimas sustentadas en el caso laboral, solicitamos sea sancionado y removidos de su cargo dichos servidores públicos que incurren en el acto de acoso, según la normativa sustantiva y procesal al caso específico acoso laboral”, destacan los trabajadores que aseguran no poder consumir alimentos durante ocho horas, con el argumento de que son ocho horas de trabajo efectivo en las que, además no deben tener comunicación con ninguno de sus familiares.
Aseguran que los únicos que pueden consumir alimentos dentro de la jornada laboral son; Juan Luis Pérez Ramírez, encargado de la Dirección del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No 17, Verónica Niño Navarro, encargada del Área Técnica y Zoraida Araceli Vázquez Vázquez, encargada del Área Administrativa, el resto de los trabajadores tiene prohibido llevar o comprar comida o frutas. “Los jefes se mandan a elaborar comidas especiales de la despensa de los presos, mientras los reclusos comen puro frijol y arroz”.
Aseguran que desde la llegada de Pérez Ramírez, ordenó la compra de un colchón nuevo, sábanas y otros objetos de decoración, mientras que para los presos no hay medicamentos; además de que Vázquez Vázquez, cobra diezmo a los proveedores del Centro penitenciario y no paga la renta de su vivienda como diezmo por permitir a la dueña de la casa proveer las tortillas para los reclusos.
En este sentido, reiteran que los funcionarios antes mencionados no cumplen con el humanismo promovido por el actual gobierno y violan los derechos laborales y humanos de los trabajadores, por lo que deberían ser cesados de su cargo.
Con Filo
El fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca anunció cambio de fiscales de distrito, pero llama la atención que solo cambió a César Amín González Orantes, será que el tema de las denuncias de corrupción de este político, realmente fueron ciertas y se le dio una salida política, con eso de que se supone va a otro cargo ya veremos dijo un ciego y nunca vio…///En la Secretaría de Seguridad del Pueblo, ahora se han vuelto muy humanos y compiten con el DIF Estatal, recientemente pagaron los gastos fúnebres de una menor que falleció de leucemia y de paso donaron medicamentos para otra paciente. Qué bueno por estas familias que lo necesitan, pero hay que atender también a los de casa donde hay muchos funcionarios enfermos, recientemente se fueron tres…/// El descuido de políticos como Ricardo Monreal, Adán Augusto López Hernández y Manuel Velasco, de darle la espalda a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por saludar a Andrés Manuel López Beltrán, sin duda le robó impacto al evento en el zócalo de la Ciudad de México, realizado por Morena, pues los políticos tuvieron que lanzar disculpas públicas a la primera mandataria de la nación, pero palo dado ni dios lo quita.
Cel 9615793947.